El espejismo del oro azul
Alejandro Guevara
21/03/2019
En Italia el 12 y 13 de junio de 2011 la sociedad civil demostró, al poder político, económico y al mundo entero; que el agua es un bien común fundamental para la vida y que por lo tanto debe de ser público. En esas fechas se realizó el referéndum contra la ley que obligaba a la privatización del servicio público de agua y saneamiento.
Para poder celebrar un referéndum en Italia, la ley establece que hay que presentar como mínimo 500,000 firmas. El Movimiento por el Agua, recogió más de 1,4 millones de firmas. Los votantes llamados a votar fueron 47,118,352 participando de este, el 58% de los llamados al voto. Es decir más de 25 millones de italianos, por lo que el resultado del referéndum fue vinculante. Pues cerca del 95% de los participantes votaron en contra de la privatización de los servicios públicos.
Así el gobierno Italiano retomó la ley propuesta el 5 de enero de 1994 se promulgó la Ley Galli que estableció entre sus principios generales:
La protección y uso de los recursos hídricos vinculada a que: a) todas las aguas superficiales y subterráneas, incluso si no se extraen del subsuelo, son públicas y constituyen un recurso que se protege y utiliza de acuerdo con los criterios de solidaridad; b) cualquier uso del agua se lleva a cabo salvaguardando las expectativas y los derechos de las generaciones futuras para garantizar que estas disfruten de un patrimonio ambiental integral, c) los usos del agua están destinados a su ahorro y renovación para no afectar la disponibilidad de los recursos hídricos, la habitabilidad del medio ambiente, la agricultura, la fauna y la flora acuática, los procesos geomorfológicos y los equilibrios hidrológicos.
Los usos del agua: El uso del agua para consumo humano tiene prioridad sobre otros usos; sea esta de origen superficial o subterráneo. Los otros usos están permitidos solo cuando el recurso es suficiente y con la condición de que no dañen la calidad del agua para consumo humano.
De igual forma la ley Galli determinó que el administrador de los sistemas debe cumplir con los estándares de eficiencia y calidad, cubriendo completamente los costos operativos y de inversión. Los costos incluyen los recursos necesarios para los acueductos, alcantarillado, reservorios, purificación y distribución eficiente.
La ley también permitió garantizar el acceso del agua a todos. Garantizando que su uso cumpla con los criterios de utilidad pública y con la no mercantilización del recurso. En consecuencia surgieron nuevas políticas de gestión cuyo objetivo es reducir el consumo, lograr una mayor eficiencia en el uso, incentivar las buenas prácticas, penalizar el consumo excesivo y la denuncia de situaciones de riesgo e ilegalidad.
Si bien a la fecha en Italia aún existen desafíos para lograr el cumplimiento de las nuevas normativas, se está en el camino correcto; pues existe la sensación generalizada de que el agua es un bien común y que si esta es gobernada por lo público, puede existir más garantías y una visión de futuro sostenible. Lo cual no sería factible bajo una gestión exclusivamente comercial.
A los anteriores juicios es necesario sumar los efectos esperados del cambio climático, la contaminación y los desechos, que convertirán el agua en un recurso cada vez más escaso y en el centro de graves tensiones sociales cuando no esté bien gestionada.
En El Salvador según datos recientes de la Fundación Prisma, la población salvadoreña es mayoritariamente urbana, la población rural está disminuyendo y el grueso de esta se encuentra altamente concentrada en una parte del territorio. Para 2015 de un total de 6.6 millones de personas; en el sur-occidente del país habitaban 4.3 millones. De las cuales 2.2 millones (30%) se encuentran en la Región Metropolitana de San Salvador.
La concentración de la población y la urbanización de esta zona ocasionan una demanda de agua insaciable al tiempo que agota la disponibilidad de agua local. Desde los años 70 la sobreexplotación del acuífero de San Salvador obligó a buscar otras fuentes de agua.
En los años 80, entró en funcionamiento el Sistema Zona Norte. Pero ante la creciente demanda del recurso, se comenzó a extraer agua del rio Lempa a través de la Planta Potabilizadora “Las Pavas” desde los años 90.
Estos datos en la mente de muchos parecen una buena oportunidad de negocios; que en una economía pequeña y poco competitiva puede parecer el oro azul del cual sacar provecho.
Sin embargo existen otros datos que pueden hacer cambiar de idea hasta a los más intrépidos emprendedores e inversionistas. 89% del territorio salvadoreño está expuesto a situaciones de riesgo. Que es donde vive el 95% de la población y se genera el 96% del PIB.
Esta enorme vulnerabilidad se agrava por eventos climáticos extremos (El Salvador ocupó el primer lugar en riesgo climático a nivel mundial en 2009 y el cuarto lugar en 2011). La frecuencia, duración y cantidad de los eventos climáticos asociados con las lluvias ha aumentado entre 2009 a 2011, produciendo pérdidas equivalentes al 6% del PIB.
A la fecha el país continúa siendo uno de los más vulnerables en el mundo, por estar situado en la región que está sufriendo los impactos más severos del incremento de la temperatura global. Estos cambios son irreversibles y con alta probabilidad de incrementar sus efectos negativos.
El Salvador además paso de sufrir exceso de lluvias, a sufrir el impacto del incremento de las sequias. Adicional al incremento de la temperatura y el número y duración de las olas de calor. Ambos factores afectan tanto el abastecimiento como el consumo de agua a nivel domiciliar, la agricultura, la industria, el turismo y los diferentes servicios públicos y privados; entre estos el acceso al agua potable.
No obstante esta realidad que tenderá a agravarse en las próximas décadas, según la Fundación PRISMA los líderes empresariales no visualizan el cambio climático como un problema para el desarrollo. No siendo raro encontrar entre estos; negacionistas del cambio climático.
Si bien El Salvador debe enfrentar en los próximos años un futuro complicado, vale recordar en este contexto, importantes logros obtenidos en los últimos años por las organizaciones sociales; tales como: la prohibición de la minería, la defensa y promoción de la seguridad alimentaria y nutricional, la regulación de pesticidas y otras iniciativas que han sido prioritarias para la población salvadoreña.
En esta coyuntura social y política, el tema de la gestión del agua es una “papa caliente” que si bien puede ser vista por algunos como una oportunidad comercial y de defensa de sus intereses gremiales, también podría ser una caja de pandora que desate fuerzas que hasta ahora han estado al margen de la participación. Subestimar esta situación puede ser también un error de cálculo o no querer aceptar los cambios que está sufriendo el país a nivel de agendas y prioridades, así como la renovación de liderazgos y las nuevas formas de hacer política.
Asumir la responsabilidad sobre las decisiones estratégicas relacionadas con la administración del agua y sus usos, debería de ser de carácter estrictamente público. Ejemplos con la gestión privada de la banca y las pensiones no son buenos antecedentes o garantías de sostenibilidad y eficiencia para los salvadoreños; todo lo contrario genera más dudas que certezas. Si solo se tropieza una vez con la misma piedra esto seguramente no sucederá de nuevo con el agua.